Xalapa, Ver.-Con 39 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz. El propósito de esta reforma es garantizar la imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia de las personas juzgadoras e impartidoras de justicia, así como establecer una separación clara entre las labores administrativas y jurisdiccionales.
La reforma es el resultado de la iniciativa presentada el pasado 8 de enero por el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Diego Castañeda Aburto. Esta modificación complementa una reforma constitucional anterior, publicada el 27 de diciembre de 2024, que estableció la elección popular de los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces de Primera Instancia. Además, la reforma creó dos nuevos órganos dentro del Poder Judicial local: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina.
Entre los principales puntos de la reforma, se establece que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada tres años de forma rotatoria, dependiendo del número de votos obtenidos en la elección respectiva. Asimismo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrán postular hasta tres personas para cada puesto disponible en los tribunales superiores y hasta dos aspirantes para juezas y jueces de Primera Instancia. También se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que se integrará por cinco magistraturas elegidas conforme a la ley, con un periodo de seis años en su encargo y una renovación escalonada.
Otro aspecto importante de la reforma es la integración del Órgano de Administración Judicial, que estará compuesto por cinco personas, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, una por el Congreso del Estado y tres por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Además, se estableció que el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para la elección de los nuevos cargos del Poder Judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la remisión de los informes pertinentes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Los magistrados electos para el Tribunal de Disciplina Judicial tendrán mandatos de dos y cinco años, dependiendo de los votos obtenidos en la elección. En cuanto a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la persona electa para este cargo terminará su mandato en el momento en que tomen protesta los nuevos magistrados electos en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. A partir del proceso electoral ordinario de 2026-2027, la rotación de la presidencia será completamente efectiva.
Los diferentes grupos legislativos expresaron sus posicionamientos respecto a la reforma. El Grupo Legislativo de Morena, a través del diputado José Reveriano Marín Hernández, apoyó la reforma, destacando que fortalece la independencia del Poder Judicial y lo homologa con el texto constitucional federal. Por su parte, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también mostró su respaldo, argumentando que la reforma establece una estructura clara y autónoma en los órganos judiciales.
El Partido del Trabajo (PT), representado por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, se mostró favorable a la reforma, señalando que la restructuración del Poder Judicial será en beneficio de toda la ciudadanía, promoviendo una justicia más cercana y comprometida con las causas sociales. Sin embargo, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su inconformidad con el procedimiento de la reforma, señalando violaciones al derecho parlamentario y falta de análisis previo.
En el mismo sentido, la diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), reconoció la necesidad de modernizar el Poder Judicial, pero subrayó que la reforma debería haberse acompañado de un proceso de Parlamento Abierto para incluir una discusión más profunda sobre las adecuaciones constitucionales. Por último, el diputado Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostró su preocupación por la reforma, ya que, a su juicio, altera las reglas electorales establecidas y subordina al Poder Judicial al oficialismo, lo que podría vulnerar su independencia.
